LEGISLACIÓN
A continuación, ofrecemos una compilación de la legislación más relevante en el ámbito de la violencia ejercida por y sobre el menor de edad, ordenada cronológicamente.
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Posee como objetivo proteger los derechos fundamentales de los menores a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad. En este marco, la ley incorpora nuevas normas penales y modifica algunas existentes, a la vez que modifica el régimen procesal penal buscando proteger a las víctimas de la violencia de situaciones procesales evitables sin merma de garantías para las partes.
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Dictamen 1/2019 de la sesión ordinaria del pleno, de 20 de febrero de 2019, sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
Breve descripción de los aspectos y ámbitos más importantes de la dictamen.
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Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
La ley modifica ampliamente toda la materia de protección de los menores sometida a reserva de ley orgánica, por afectar a Derechos Fundamentales de la persona, y concreta por primera vez el alcance rector del interés superior del menor.
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Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
La ley regula la responsabilidad penal de los menores de dieciocho años y mayores de catorce años, por la comisión de los delitos previstos en el Código Penal y en leyes especiales, que contiene el catálogo de medidas específicas a imponer al menor que delinque, en lugar de las penas recogidas para los mayores de edad en el Código Penal.
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Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Todas las transformaciones del Sistema de Atención Social a la Infancia cobran su máxima expresión legislativa con la aprobación de esta ley, que recoge nuevos elementos que profundizan en la garantía de la protección de la infancia y la adolescencia, considerándolos sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás.
